La extradición de una persona es solicitada por el país que requiere la presencia de la persona para ser juzgada o para cumplir una condena.
Pie de foto, Medio centenar de personas se manifestaron este martes frente a la embajada mexicana en París.
Esta solicitud debe contener información detallada sobre la persona buscada, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia y el delito por el cual se le acusa o se le ha condenado.
Es importante tener en cuenta que la extradición no implica automáticamente una condena, sino que la persona buscada debe ser juzgada en Francia y demostrar su inocencia o aceptar su culpabilidad.
A pesar del cada vez mayor reconocimiento y aceptación del principio de jurisdicción common, los Estados aún son reticentes a aplicarlo, debido a que ponen sus intereses soberanos por encima de los de la justicia. Como sostiene la autora, "la evolución para lograr la asimilación del principio de la justicia common marcha con lentitud a pesar de los signos positivos que ha demostrado México" y otros países latinoamericanos, en contraposición al caso español, en el cual la legislación nacional y los tratados en materia de extradición celebrado por este país, ya contemplan dicho principio.
En cambio el abogado de Cassez, Agustín Acosta, cree que el fallo de los ministros envía "un mensaje a la policía y a las autoridades de que este tipo de violaciones no se valen".
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, Source al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
Se trata de una medida excepcional que se adopta cuando existen indicios de que el imputado ha cometido un delito grave y existe un riesgo genuine de que se sustraiga a la acción de la justicia.
Este roce ocurre cuando se cumple el cuarto aniversario de la detención de Cassez, cuyo caso parece haber minado la confianza entre Francia y México pese a las promesas de sus presidentes de estrechar vínculos.
La prisión preventiva es una medida cautelar que se aplica en Malta y otros países para asegurar la presencia del imputado durante el proceso penal y evitar el riesgo de fuga.
Una vez que toda la documentación necesaria ha sido recibida, el Estado receptor debe proceder con la entrega de la persona solicitada al Estado solicitante. Esto se lleva a cabo generalmente a través de una autoridad policial o militar.
Cassez, de 35 años, fue detenida a fines de 2005 junto a su ex novio mexicano en un rancho Check This Out en las afueras de la capital mexicana, acusada de integrar una banda dedicada a secuestrar personas.
Con una particularidad: no montaba en bicicleta para ser famoso, tener éxito ni ganar mucho dinero: él montaba en bicicleta por el mero placer de hacerlo.
El mismo artworkículo en su párrafo segundo establece que cuando el Estado requerido alega la nacionalidad como una razón para negarse a entregar a la persona contra la que existe weblink la orden de detención, las autoridades de ese país deberán juzgarlo conforme a sus leyes.
Además, es fundamental que los gobiernos de México y Francia trabajen juntos para garantizar que se cumplan todos los requisitos legales y que se protejan los derechos de las personas buscadas y de sus familias.